El análisis de la constitucionalidad y la legalidad constituye un eje central del Derecho mexicano, especialmente en un sistema que reconoce la supremacía de la Constitución y los tratados internacionales sobre cualquier norma secundaria.

La premisa fundamental es que un acto puede ser legal, pero inconstitucional, y viceversa, un acto puede ser ilegal pero compatible con la Constitución y los derechos humanos, lo que genera una tensión doctrinal y práctica relevante para abogados, jueces y autoridades administrativas.

Fundamento Constitucional y Normativo

1. Supremacía constitucional: El artículo 133 de la Constitución establece que la Constitución, las leyes y los tratados internacionales son la ley suprema de la Unión, prevaleciendo siempre la Constitución sobre normas secundarias.
2. Derechos Humanos como parámetro: El artículo 1º CPEUM incorpora los derechos humanos reconocidos en tratados internacionales como parámetro obligatorio de interpretación y aplicación.
3. Ley de Amparo y control judicial: La Ley de Amparo regula la protección judicial frente a actos que vulneren derechos humanos, estableciendo que la legalidad formal de un acto no garantiza su constitucionalidad material.

Conceptualización

Legalidad se refiere al cumplimiento formal de las normas secundarias. Un acto legal cumple con requisitos de forma, procedimiento y competencia, pero ello no asegura su compatibilidad con la Constitución.

Constitucionalidad se refiere a la conformidad de un acto, norma o resolución con los principios y derechos constitucionales, así como con los tratados internacionales en materia de derechos humanos. La constitucionalidad es material y puede analizarse independientemente de la legalidad formal.

Controversias y Casos Paradigmáticos

1. Actos legales pero inconstitucionales: Una ley municipal aprobada legalmente puede ser inconstitucional si vulnera derechos humanos. En estos casos procede el control difuso o la acción de inconstitucionalidad.
2. Actos ilegales pero constitucionales: Un acto irregular en forma o competencia puede ser constitucional si garantiza derechos fundamentales, aunque la autoridad incurra en responsabilidad por la ilegalidad formal.

Aplicación práctica

1. En el ámbito judicial

• Jueces pueden inaplicar normas legales contrarias a la Constitución (control difuso).
• Las acciones y controversias constitucionales permiten impugnar leyes legales pero inconstitucionales ante la SCJN.

2. En la práctica administrativa

• Funcionarios deben evaluar actos bajo legalidad y constitucionalidad.
• La omisión puede generar responsabilidad administrativa o juicios de amparo indirecto.

3. En el litigio estratégico

• Defensa de derechos basada en la inaplicación de normas legales inconstitucionales.
• Posibilidad de sostener actos ilegales cuando protegen derechos fundamentales.

Debate doctrinal

El debate sobre constitucionalidad vs. legalidad refleja un principio central del Estado de derecho: la primacía del derecho fundamental sobre el derecho formal.

Autores como José Ramón Cossío y Daniel Zepeda sostienen que esta distinción fortalece la protección judicial efectiva y legitima la intervención de todas las autoridades como garantes de derechos.

Conclusión

Comprender la diferencia entre constitucionalidad y legalidad es crucial porque:

• Permite detectar y corregir normas legales que vulneran derechos constitucionales.
• Permite sostener actos ilegales cuando son constitucionalmente válidos.
• Fundamenta estrategias procesales en amparo y acciones de inconstitucionalidad.
• Refuerza la supremacía constitucional y la tutela de derechos humanos.

El ejercicio consciente de esta distinción garantiza un Estado de derecho efectivo, en el que la autoridad se sujeta no solo a la legalidad formal, sino a la supremacía de la Constitución y los tratados internacionales.