El control difuso de constitucionalidad constituye uno de los mecanismos esenciales para garantizar la supremacía de la Constitución y la efectividad de los derechos humanos en el orden jurídico mexicano.
La declaratoria general de inconstitucionalidad (DGI) es el mecanismo constitucional mediante el cual la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) expulsa del orden jurídico, con efectos generales, una norma general (ley, decreto, reglamento u otra disposición de carácter general) que ha sido reiteradamente considerada contraria a la Constitución a través del juicio de amparo.
Esta figura corrige la asimetría tradicional del amparo, cuyos efectos naturales son relativos, cuando existe un consenso jurisdiccional suficientemente robusto sobre la inconstitucionalidad de una norma. Su lógica es sencilla: si el control de constitucionalidad ha demostrado, una y otra vez, que cierta disposición vulnera la Norma Fundamental, el sistema debe ofrecer una vía para cesar su vigencia frente a todas las personas, no solo respecto de quienes promovieron el amparo.
El análisis de la constitucionalidad y la legalidad constituye un eje central del Derecho mexicano,
especialmente en un sistema que reconoce la supremacía de la Constitución y los tratados internacionales
sobre cualquier norma secundaria.